La Custodia del Territorio se basa en fomentar la mejora del paisaje, la conservación de la biodiversidad y la gestión del territorio mediante contratos y acuerdos entre:

– el propietario de un terreno y/o los usuarios de tierras de cultivo, montes, granjas y otros recursos naturales

– las entidades de custodia y/o con las organizaciones públicas o privadas que trabajen para conseguir los objetivos anteriormente mencionados.

Es decir, se trabaja con este concepto para ámbitos rurales y agrícolas que posean valores naturales, culturales y paisajísticos que sean susceptibles de proteger. Donde los propietarios, de manera voluntaria, se comprometan a cuidar y mantener el patrimonio natural y cultural de sus fincas y, a cambio, a recibir apoyo, asesoramiento e incluso nuevas oportunidades para solicitar ayudas o poner en marcha iniciativas de desarrollo sostenible. Estas entidades también trabajan en acuerdos con terceros, es decir, con un propietario que cede su terreno a otra persona y/o asociación para su cuidado, mejora, explotación y conservación.

Desde hace tiempo, estas prácticas se intentan trasladar a la ciudad, a lo urbano, para establecer convenios tanto en espacios públicos como en inmuebles que tengan valores a proteger, promover o implementar; o bien, en aquellos elementos que tengan potencial (por su situación urbana, histórica o social) para generar dichos valores, entre los que se pueden destacar los culturales, históricos, arquitectónicos, urbanísticos, estéticos y, por supuesto, también los sociales, educativos, identitarios y colectivos.

Surge así el concepto de Custodia Urbana, que pretende negociar acuerdos entre administraciones o particulares con asociaciones y colectivos que realicen una función de interés público y cultural para la ciudad. Hay varias experiencias a lo largo del panorama nacional que están intentando elaborar estrategias urbanas y sobre todo, administrativas, que les permitan crear un marco legal en el que poder convivir con los poderes públicos y seguir con su labor social. Este marco legal, daría garantías para asegurar la continuidad en el tiempo de dichos proyectos urbanos, integrando a todos los actores que intervienen en la custodia de los espacios urbanos.

 

La gestión de estos espacios residuales, abandonados y olvidados que existen en la gran mayoría de nuestras ciudades y municipios, materializan la idea de “un nuevo mundo a través de sus desechos” (Pier Paolo Pasolini, 1968), transformándolos en espacios para la ciudadanía, la colectividad y el bien común. Generando nuevas formas de organización y vida en común en el espacio público, manteniendo así su condición de agente socializador como extensión de nuestros hogares (ocio, juego, encuentros y desencuentros) y nuestras escuelas (educación y responsabilidad urbana).

Más allá del concepto, de su definición, sus objetivos y sus bondades; para que los acuerdos sean efectivos y reales, es necesaria la apuesta de las instituciones por este tipo de prácticas, actualmente alegales. Consultando a expertos en Custodia del Territorio acerca de cómo se podría superar la problemática de ciertos colectivos de la ciudad de Madrid, que están viendo cómo se acerca peligrosamente el fin de su actividad debido a que los acuerdos de cesión con el ayuntamiento o con particulares, no se “pueden” renovar, nos confirmaban que es la voluntad entre las partes (política y vecinal) la que ha de velar y negociar la continuidad de los acuerdos. Y que cada uno de estos convenios será específico para cada caso, ya que por el momento, no existe ese anhelado marco legal en el que ampararse para conseguir que un proyecto permanezca durante el tiempo que no se use o explote un solar o edificio abandonado (ya sea con el mismo colectivo o con la sucesión de diferentes colectivos).

Para esto, son necesarios varios factores:

1. que la administración sea sensible a los movimientos sociales que tienen lugar en sus ciudades y se reúna con sus ciudadanos para mejorar la gestión de las ciudades. Mirar hacia otro lado y ser ajeno a la realidad, no es la solución

2. aprender de ejemplos extranjeros (como el ejemplo de París)

3. que en los encuentros que hablen sobre participación ciudadana (ya sea para reactivar un solar, un inmueble o para dar a conocer el patrimonio cultural de un determinado lugar) cuenten con administración y colectivos (conocimientos técnicos y sociales)

4. voluntad de todas las partes implicadas para generar acuerdos que faciliten la gestión o autogestión de dichos espacios.

 

En la actualidad, existen experiencias que consiguen reactivar espacios donde la convivencia y la organización vecinal generan focos de actividad cultural, social y educativa que hacen revivir la esperanza de que en lo común se encuentra nuestra identidad ciudadana, que en vivir lo público residen parte de nuestras vivencias y de nuestra personalidad, de nuestra educación y nuestro comportamiento cívico. Y de que a través del empoderamiento ciudadano, de sentir que la ciudad es de todos y que podemos participar en la gestión de espacios urbanos en los que aprender en la vecindad y de la vecindad, pueden mejorarse nuestros barrios, nuestras ciudades.

“El derecho a la ciudad no sólo es el acceso a sus recursos, sino también el derecho a reinventarla” (Henri Lefebvre, 1968).

 

María Toro Martínez [Estudio Atope]

 
**ARTÍCULO ORIGINAL PUBLICADO EN LA CIUDAD VIVA**