El Ayuntamiento de #Madrid concede de forma gratuita un espacio situado en el Paseo del Prado para el museo del arquitecto Emilio Ambasz por los “importantes beneficios para la #ciudadanía (por su retorno económico y la mejora de la imagen internacional de Madrid) como razones de interés público” y rebaja su protección histórico-artística para poder derribar el edificio existente (leer más aquí). Afortunadamente, aún tiene pendiente recibir la aprobación de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, controlada por el Gobierno regional (PP) y en la que participa con voz pero sin voto el Colegio Oficial de Arquitectos (muy crítico con esta iniciativa). Recordemos que fue dicha Comisión la que hace un año se opuso al proyecto de Norman Foster para reconvertir (que no rehabilitar) un palacete de 1902.

Para la cesión de inmuebles y solares abandonados que resultan de interés público para la ciudadanía y que generan beneficios sociales y culturales a nivel de barrio (pero claro, no económicos directos), ya es otra historia. El ejemplo lo encontramos en pleno centro de Madrid, en calle Pez, donde el Patio Maravillas lleva funcionando ya 7 años como centro social o espacio polivalente autogestionado (EPA) en un inmueble okupado: “los ciudadanos necesitan espacios como éste que sean gratuitos y accesibles para todo el mundo”, explica Sandra de Miguel, miembro de la asamblea El Patio (extraído de este artículo). También encontramos estas iniciativas en solares y edificios municipales, como el Campo de la Cebada (inserto en la trama histórica de La Latina) y en Vallecas, donde varios jóvenes del barrio decidieron transformar un instituto abandonado en un centro social con la intención de «recuperar la ciudad para los ciudadanos«.

Imagen del Patio Maravillas

El Patio Maravillas se enfrenta desde hace varios meses a su desalojo; cuyo argumento inicial fue el estado ruinoso del inmueble (aunque lo consideran una excusa para especular con él). Ahora, la empresa Nivel 29, el nuevo propietario ha iniciado un proceso judicial para desalojarles. Si el colectivo no llega a un acuerdo con el Consistorio antes del 1 de mayo, lejos de disolverse, intentará abrir un nuevo capítulo en otro edificio. «Nosotros lo que queremos es algo para poder seguir dando sostenibilidad a este proyecto. Hay muchos edificios públicos vacíos y creemos que tenemos toda la legitimidad para reclamarlos», dice de Miguel.

Lejos de facilitarles otro inmueble abandonado de propiedad municipal, estos actores sociales que trabajan para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, han de vagar de inmueble en inmueble viéndose siempre perseguidos por los vacíos legales que conllevan estas acciones. Pero claro, ellos no son ni Ambasz ni Foster.