Las ciudades latinoamericanas presentan niveles de desigualdad que se ubican entre los más altos del mundo. Según Jordán, R (2003) la precariedad de la economía y fundamentalmente, del hábitat en América Latina y el Caribe hace que sus territorios sean actualmente incapaces de aprovechar los recursos humanos, sociales y naturales de los que se dispone, así como las dinámicas externas favorables sobre la base del intercambio y la ampliación de mercados.

En los años noventa, aun en los países que presentaron tasas de crecimiento altas, la distribución de los ingresos no mejoró de manera notable. En países como Bolivia, Honduras o México se observó una mínima reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares urbanos, mientras que en otros países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Paraguay o Venezuela esta desigualdad empeoró significativamente (Marcelo, 2003). Esto demuestra que el crecimiento económico de un país no se traduce automáticamente en una distribución equitativa del ingreso, sino que en muchos casos se genera una desigualdad mayor. Esta desigualdad, acentuada en los últimos años, ha producido una separación espacial entre las actividades y población de altos recursos, por una parte, y las actividades informales y los grupos de bajos ingresos, por otra. Esta separación espacial se ha traducido en una fragmentación del espacio urbano (conjuntos urbanos cerrados versus expansión de asentamientos informales). Los grandes proyectos urbanos, los centros comerciales y los barrios privados han derivado en nuevas formas de exclusión física y social.

En el caso colombiano Torres, T. (2009) explica cómo las ciudades no han podido consolidarse ni resolver los problemas acumulados en ellas. Son ciudades en construcción, sin un modelo de ciudad compartido, donde se profundizan las lógicas de segregación.

Colombia es un país que está determinado por el modelo de desarrollo capitalista. La planeación y el ordenamiento urbanístico son elaborados a través de los POT (Planes de Ordenamiento Territorial) que comienzan a implementarse desde 1999. El modelo de ciudad propuesto por los POT pretende ser un modelo integral de desarrollo para cada ciudad y municipio, en el que se establecen las directrices y mecanismos necesarios para lograr un aprovechamiento territorial equilibrado, equitativo y eficiente. Sin embargo, la implementación de este modelo de desarrollo tampoco ha logrado resolver los problemas y características estructurales de las ciudades colombianas, como el desarrollo de la informalidad urbana en todas sus manifestaciones (físico-espacial, ambiental, económica, social y jurídica). Esta concepción de planeación se ha venido aplicando desde los años setenta y continúa generando problemas estructurales en el crecimiento urbano, al estar determinada exclusivamente por la racionalidad del mercado. La gran mayoría de los POT se estructuran sobre una base eminentemente económica, a la cual se supeditan los demás aspectos.

Torres, T (2009) sostiene que los elementos que caracterizan la ciudad no solamente se encuentran en el orden material, sino también en el simbólico y el subjetivo. Se debe entender la ciudad latinoamericana como organismo vivo en permanente proceso de construcción, que refleja una sociedad inacabada y en constante transformación, la cual requiere de una activa participación de los diferentes agentes sociales que en ella interactúan para su adecuado desarrollo y consolidación. Es necesario pensar el mejoramiento e inclusión de la ciudad informal hoy como alternativa para la ciudad.

Los instrumentos clásicos de planificación urbana, orientados al control del uso de la ciudad y el territorio, no son capaces de adecuarse a las nuevas demandas derivadas del proceso de la globalización, por lo que son necesarios nuevos instrumentos de planeación y de gestión.

En este sentido Torres plantea cuatro aspectos que los gobiernos deben considerar para avanzar hacia la construcción de un modelo de ciudad compartido, más en la práctica que en el discurso: profundizar en los procesos de descentralización de la ciudad; garantizar adecuados procesos de participación (construcción colectiva de los proyectos que reclama la ciudad, de un modelo compartido de ciudad); hacer de los procesos de planeación un proyecto colectivo que privilegie las necesidades sentidas de la ciudad en su conjunto; y por último, tener como prioridad la sostenibilidad (ya que los territorios no son ilimitados).

Se debe entender el ejercicio de la democracia como una acción mancomunada entre todos los agentes sociales[1] para el desarrollo integral de los barrios[2]. La construcción de la ciudad no se puede leer como la sumatoria de fragmentos físico-espaciales, sino como la construcción dinámica de tejido social a través de los diferentes agentes sociales que en ella intervienen (la comunidad, el Estado y la iniciativa privada), desenvolviéndose en las dimensiones económica, social, política e ideológica-cultural, las cuales se desarrollan en un espacio concreto que transforma el medio natural.

Por tanto, el problema de fragmentación de la ciudad latinoamericana, y más concretamente el de la ciudad colombiana, debe abordarse desde todas sus dimensiones (ambiental, social, política y económica) y haciendo partícipes a todos los agentes sociales que intervienen en su desarrollo, teniendo como objetivo la construcción de un modelo de ciudad compartido.

 
Luis Peláez [@estudioatope]
 

[1] Los agentes sociales son dinámicos en el proceso de construcción y transformación de la ciudad, como gestores directos de la intervención en el espacio, de la sociedad y de la naturaleza. Actúan a través de diferentes mecanismos de apropiación del suelo y la formación y consolidación de la estructura urbana.

[2] “Los barrios deben ser entendidos como la unidad de análisis urbano y ser concebida como el resultado de la articulación de elementos físico-naturales, sociales, económicos, políticos y culturales”(Torres, 1993)
 
 
**ARTÍCULO ORIGINAL PUBLICADO EN COLECTIVO ’99**