>> «La vida siempre tiene razón». Las estrategias bottom-up y el derecho a la ciudad

Con la frase “la vida siempre tiene razón, el arquitecto es quien se equivoca”, resumía Le Corbusier el proceso desarrollado en Pessac (Burdeos, 1925) en el proyecto de viviendas para obreros industriales encargado por el productor de azúcar Henry Frugès. Una vez finalizado el proyecto, la recién estrenada arquitectura del Movimiento Moderno, se vio modificada de mano de los propios habitantes según su estilo de vida, sus costumbres y su manera de entender la vivienda. Fue Le Corbusier quien, años más tarde, expondría que si el habitante no había entendido la arquitectura, el responsable tal vez fuese el arquitecto; ofreciendo así una visión distinta a las imposiciones demiúrgicas del arquitecto moderno[1].

El arquitecto debe tener esa capacidad de mediador y técnico facilitador. Este concepto se podría definir como aquel profesional con una sólida formación, que asesora en cuestiones técnicas e intenta desarrollar el potencial de los participantes, dirigiendo y propiciando el diálogo constructivo; superando obstáculos, fomentando el trabajo colaborativo para la consecución de objetivos comunes y aprenhendiendo de la realidad urbana y arquitectónica en la que trabaja.

Esta labor de técnico facilitador era y es, una pieza vital y común a la hora de redactar proyectos individuales, ya que la comunicación constante con el cliente es fundamental a la hora de desarrollar la obra en cuestión, enriqueciéndola y formando parte de un aprendizaje entre ambas partes.

Sin embargo, en la escena urbana este proceso se diluye y se transforma en imposiciones que vienen desde arriba y que los ciudadanos deben asumir sin conocer datos reales de la ciudad que habitan, sin posibilidad de decisión u oposición, y por supuesto, sin la posibilidad de plantear alternativas. Este proceso jerarquizado recibe el nombre de top-down, y consiste en la toma las decisiones partiendo de las variables más globales hasta llegar a las más específicas. Se establece una serie de niveles donde el nivel jerárquico y su inmediato inferior se relacionan mediante la entrada y salida de información, respectivamente.

Ya Henri Lefebvre en 1969 acusaba a los arquitectos de imponer su concepción de ciudad a la de los habitantes, sin tener en cuenta sus necesidades, opiniones y deseos reales como datos imprescindibles a la hora de elaborar proyectos urbanísticos y arquitectónicos.

Los procesos bottom-up son todo lo contrario a lo descrito anteriormente, ya que comienzan de abajo-a-arriba a través del conocimiento, análisis y diseño detallado de todas las variables que pueden afectar al sistema. Estas partes individuales se enlazan y componen a su vez sistemas más generales, que se unen para formar sistemas globales.

El resurgimiento de estas estrategias urbanas basadas en la participación ciudadana y la innovación social, se vincula a la crisis económica[2] que aún estamos sufriendo y a la disconformidad del ciudadano con el sistema en el que vive; y en el que desea vivir ejerciendo y manifestando sus derechos y libertades democráticas y urbanas.

Los ciudadanos se definen como personas que viven en la ciudad, libres e iguales[3]. En ese sentido hay un concepto de ciudadano que se ha perdido, ya que en demasiadas ocasiones se coarta nuestra capacidad para manifestar nuestra opinión libre y pacíficamente. La ciudad ideal es simplemente ésta: donde vive gente diferente, con cierto nivel de libertad y de igualdad. Si falta una de las dos cosas no hay ciudadanía[4].

El concepto de Derecho a la Ciudad elaborado en los años 60 por Lefebvre resurge con fuerza en estos días y adquiere nuevas dimensiones gracias a la acción ciudadana y al uso de las nuevas tecnologías. Son los ciudadanos los que reivindican una especie de democracia directa que cambie las reglas institucionales de la democracia representativa que hoy conocemos.

El ciudadano reside en lo local y anhela intervenir sobre un territorio más amplio gracias a las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación existentes. El “derecho a la ciudad” asocia prácticas ordinarias (elección de un equipamiento, fiestas de barrio, etc.) con aspiraciones planetarias (ciberespacio, ciudadano del mundo,…)[5].

Lo urbano, según Lefebvre, es una forma mental y social, la de la simultaneidad, la de la conjunción, la convergencia y los encuentros. Es una realidad social compuesta por relaciones a concebir, a construir o reconstruir por el pensamiento. Es lo urbano lo que nos obliga a prepararnos para nuevas sociabilidades y nuevas formas de vecindad[6] a través de las redes sociales.

El derecho a la ciudad forma parte de esta revolución urbana que se está viviendo en nuestros barrios gracias a las estrategias basadas en el bottom-up. Es un derecho que nos brinda la posibilidad de utilizar la ciudad -de habitar los espacios públicos- para el encuentro y los momentos de cambio. Para sentirnos parte del entorno en el que vivimos, para mejorar el espacio en el que nos movemos y contribuir en la búsqueda de lugares abiertos a la diversidad, a la creatividad y a favorecer la convivencia entre gentes distintas. Pensamientos que son contrarios a la actual privatización del uso de los espacios públicos, la cual pone de manifiesto la desconfianza de los poderes ‘públicos’ hacia la ciudad. “Desconfianza porque la ciudad es donde la gente ha aprendido a autogobernarse de alguna forma, a ser libre” [7].

 

María Toro Martínez [Estudio atope]